“La verdad estamos contentos y henchidos de la felicidad”. Estas fueron las palabras del presidente del sindicato de taxistas de Bogotá, en un video ampliamente difundido por las redes sociales, que indignó a miles de ciudadanos.
Y no podría ser de otra manera. El jolgorio del gremio del taxi y la indignación de los ciudadanos tenían plena justificación, teniendo en cuenta que los titulares del Ministerio de Transporte y el Ministerio de Trabajo estaban confirmando, personalmente y en cámara, un paquete de medidas que, en la práctica, garantizaban al gremio del taxi seguir siendo ‘intocable’.
El mensaje fue claro y contundente: Primero, los servicios de taxi de lujo que venían siendo prestados por Uber y otras plataformas tecnológicas no serán legalizados, y tal servicio a partir de ahora solo podrá ser prestado por las empresas de taxis amarillos. Segundo, el número de cupos de taxis en las principales ciudades colombianas no será reducido. Tercero, el gobierno será implacable y no permitirá que haya ilegalidad ni informalidad en el servicio de taxi, pero al parecer, sobre todo enfocado a las plataformas tecnológicas que le hagan competencia al taxi amarillo.
Todo esto sería una gran propuesta si no fuera por unos cuantos detallitos: la pésima calidad del servicio, la sobreoferta y la informalidad laboral que caracterizan al gremio del taxi amarillo.
En primer lugar, las empresas de taxi amarillo prestan un pésimo servicio, la molestia por parte de los ciudadanos es generalizada y ha sido ampliamente registrada por los principales noticieros del país. Agresividad, conducción temeraria, maltrato, alteración de taximetros e inseguridad son algunos de los temas recurrentes.
En segundo lugar, las principales ciudades colombianas padecen el problema de la sobreoferta de taxis, miles de estos deambulan vacíos durante amplias franjas del día causando congestión y contaminación.
En tercer lugar, una importante parte de la flota que presta el servicio de taxi amarillo se encuentra en un estado físico y mecánico deplorable y no cuenta con los mínimos elementos de seguridad vial como lo son los cinturones de seguridad.
Por último, pero no por ello menos importante, la absoluta mayoría de los conductores de taxi no tiene garantizados sus derechos laborales y sociales, todo porque, según lo que siempre han dicho los empresarios del taxi: “el modelo de negocio colapsaría si a los propietarios o a la empresa afiliadora le tocara asumir tales costos”. Con tal excusa, desde hace años se viene perpetuando lo que ya se conoce como ‘la guerra del centavo del taxi’.
Lo que hace falta es una reforma estructural e integral al servicio de taxi en Colombia, una que cobije a todos los actores en función de proteger el interés general, es decir, el buen servicio a los ciudadanos. Pero, mientras el enfoque del gobierno sea darle palmaditas en la espalda al gremio del taxi, no habrá nada que hacer ¿Habrá algún congresista que se le mida al reto?
Carlos Alberto González GuzmánMarzo 17, 2015
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Publicado: Revista Dinero
Edición Digital, Sección Opinión On-line. Colombia. Marzo 17 de 2015
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