La reforma tributaria que se acaba de aprobar trae una excelente noticia para los municipios que cuentan con aeropuertos concesionados: a partir del próximo año estos les aportarán recursos económicos para financiar las infraestructuras y servicios de transporte público colectivo o masivo y de transporte intermunicipal que conecten con sus aeropuertos.
En el Valle del Cauca, en particular el grupo de ciudades que conforman el ámbito metropolitano de Cali, se ha venido trabajando en instrumentos alternativos de financiación de los sistemas de transporte público que garanticen su sostenibilidad económica en el tiempo. La amenaza de la crisis económica de estos sistemas y el acelerado incremento del transporte informal genera gran preocupación. No se quiere llegar a la situación que han vivido varios municipios del país en los que el transporte público desapareció por completo y quedaron cautivos del transporte informal abanderado por el moto-taxismo.
Ya desde una década atrás la región hacía serias críticas a la política nacional de financiación del transporte público. La Ley 086 de 1989 (modificada por la Ley 310 de 1996) en su artículo 14 planteaba una autosostenibilidad de la operación, es decir, el supuesto de que estos sistemas no requerían aportes públicos o subsidios para ser sostenibles. El tiempo se encargó de demostrar lo contrario.
Posteriormente, en 2015, la Nación rectificó de manera tardía, la Ley 1753 de 2015 planteó la posibilidad de que los municipios aportaran recursos para la sostenibilidad de los sistemas a través de un paquete de instrumentos de financiación territorial a adoptar con aprobación de los concejos municipales (cobro por congestión, cobro por estacionamiento en vía pública, contribución por estacionamiento fuera de vía pública, entre otros).
Con base en ese nuevo marco legal, en el 2018 Cali se convirtió en la primera ciudad del país en adoptar, mediante Acuerdo Municipal 0452 de 2018, todos los instrumentos establecidos en la Ley 1753 de 2015, y se implementó por primera vez en Colombia un cobro por congestión que hoy sigue vigente. Infortunadamente, con el cambio de administración no se le ha dado prioridad a la implementación de los demás instrumentos aprobados. La falta de continuidad política afectó el proceso.
Un año después, se radicó en la Cámara de Representantes el Proyecto de Ley 090 de 2019 liderado por el Representante a la Cámara por el Valle del Cauca Juan Fernando Reyes Kuri, con el cual se buscaba que una parte de los recursos (excedentes o sobretasa) de la red de peajes viales concesionados se destinará a la financiación de los futuros sistemas ferroviarios urbano-metropolitanos y regionales, el cual no llegó a debatirse por cuestiones de agenda.
Luego llegó la fase crítica de la pandemia por Covid dejando todo en pausa, y justo después de esta el transporte público sufrió la reducción de usuarios más drástica en la historia reciente, lo cual terminó de agravar aún más su situación financiera.
Ahora, en el 2022, hay un nuevo avance, se logró incorporar en la reforma tributaria un artículo referente a la destinación de la existente contraprestación aeroportuaria, una modificación al artículo 151 de la Ley 2010 de 2019 que, en la práctica, significa una nueva fuente de financiación del transporte público para casi una veintena de municipios.
Este logro en realidad tuvo su origen meses atrás en la Mesa de Gobierno del proyecto Central Intermodal de Transporte (CIT) de la Alcaldía de Palmira cuando se venía discutiendo la necesidad que tenían diversos municipios intermedios de nuevas fuentes para financiar proyectos similares al CIT, y con base en ello se planteó la iniciativa para una modificación de ley que permitiera ampliar la destinación de la contraprestación aeroportuaria.
La contraprestación a la que se hace referencia es aquella que ya pagan los concesionarios de dichos aeropuertos a la Nación y al municipio en el cual se localizan, en proporción 80% y 20% respectivamente. El punto es que anteriormente ese 20% que le corresponde a los municipios solo se podía destinar a la construcción y mejoramiento de la vía que conectaba al aeropuerto, pero ahora con la modificación aprobada es posible destinarla también a la construcción, implementación y operación de las infraestructuras y sistemas de transporte público que conecten con el mismo. De esta manera ahora sí queda en consonancia con la agenda nacional en materia de movilidad sostenible y fomento del transporte público de calidad.
Para el caso del Municipio de Palmira este es un paso muy importante en lo que respecta a la financiación de proyectos estratégicos que están en proceso como la Central Intermodal de Transporte (CIT) que ya se encuentra terminando estudios de factibilidad y el Sistema Estratégico de Transporte Público (SETP) que apenas inicia dicho proceso. De igual manera, se convierte en una oportunidad para el tramo Cali-Palmira con ramal al Aeropuerto y Zona Franca del futuro Tren de Cercanías del Valle, proyecto que liderado por la Gobernación del Valle del Cauca hoy se encuentra en estudios de factibilidad para su primer tramo entre Cali y Jamundí.
De manera más precisa, para Palmira se trata de recursos adicionales por monto cercano a los 20.000 millones de pesos anuales, en un municipio en el que, conforme al presupuesto general de rentas y gastos 2022, el presupuesto anual para el sector movilidad es de unos 9.000 millones, siendo el de libre destinación (para todos los sectores) cercano a los 60.000 millones. Esa es la dimensión del impacto positivo que tendrá esa nueva fuente de financiación del transporte público.
Cabe destacar la efectiva gestión y el compromiso de los congresistas de la región, los cuales a partir de la proposición aditiva presentada por el Representante a la Cámara por el Valle del Cauca Duvalier Sánchez Arango durante el debate de la reforma tributaria, fueron capaces de lograr el apoyo de otros más para hacerlo posible. Destaca también el apoyo de los municipios pertenecientes a la recién creada Asociación de Ciudades Intermedias (Asointermedias). Queda claro que cuando hay voluntad las iniciativas se pueden sacar adelante.
En Colombia son cerca de 17 municipios los que cuentan con aeropuertos concesionados, con una población de 16 millones de habitantes que representan el 33% de la población nacional. La mayor parte de estos, cerca del 65%, corresponden a ciudades intermedias emergentes con población entre 100.000 y 1.000.000 de habitantes, todas con grandes necesidades de recursos para infraestructuras y servicios de transporte público que den soporte al acelerado desarrollo urbano que vienen presentando. A lo mejor nunca imaginaron que un día estos aeropuertos estarían subsidiando las infraestructuras y servicios de sus sistemas de transporte público.
Algunos se preguntarán si no es muy rebuscado eso de “Aviones subsidiando buses y trenes”, pues la verdad es que sí, en rigor sería una especie de subsidio cruzado “aire-tierra”, pero es que la necesidad de nuevas fuentes de financiación del transporte público nos reta a ser creativos, de lo contrario la movilidad sostenible terminará siendo insostenible. Nos toca buscar esos recursos hasta debajo de las piedras, eso sí, poniendo la creatividad al servicio de la gente.
Carlos Alberto González GuzmánNoviembre 17, 2022
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Publicado: Portal La Silla Vacía
Colombia. Noviembre 17 de 2022
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