El actual caos al que ha llegado el transporte público en las ciudades colombianas, consecuencia lógica de varias décadas de anarquía en el sector, muy a pesar de lo que en el fondo desean algunos, sí tiene solución. Pero si bien ésta radica en que por fin la autoridad local de transporte asuma sus olvidadas funciones de regulación y control y se haga más efectiva en sus tareas de planificación, resulta fundamental que los ciudadanos rompamos la barrera mental que nos impide asumir la verdad irrefutable de que el transporte público en nuestras ciudades no sólo puede, sino que tiene que ser mejor.
La llamada “guerra del centavo” debe estar destinada a desaparecer. Porque la indignante situación a la que los conductores de autobús del transporte público tradicional se ven abocados, al luchar entre sí en plena vía por captar usuarios, con jornadas laborales de hasta catorce horas diarias, dado que su salario depende del número de pasajeros transportados, no tiene presentación. Pero, sobre todo, porque el beneficio de unos pocos empresarios del transporte y propietarios de autobuses, ha significado el perjuicio de millones de ciudadanos que merecemos y pagamos por un servicio de calidad.
La actual modernización del sector del transporte público no solo es fundamental, sino también urgente.
Por una parte, una estructura empresarial tan perversa como la que se esconde tras el fenómeno de la guerra del centavo es intolerable en los tiempos que corren, cuando sus trabajadores (conductores) son contratados sin asegurarles los requisitos mínimos que exige la ley, lo que condena así a este oficio a la informalidad. Es decir, trabajar sin derechos -lo que sin duda beneficia a empresas y propietarios-, ni responsabilidades -lo que fomenta la bien conocida indisciplina vial de los conductores, que redunda en un mal servicio a los usuarios-.
Por otra parte, y más importante aún, porque los principales afectados de dicha estructura hemos sido el conjunto de los ciudadanos durante demasiados años, cautivos de un servicio reacio a cualquier tipo de regulación y de pésimas características operativas (flota obsoleta, conducción agresiva, sobreoferta, poca fiabilidad, etc), el cual es responsable de altos índices de accidentalidad, infracción de las normas de tránsito, congestión de tráfico y contaminación ambiental, entre muchos otros aspectos negativos.
A pesar de sus evidentes falencias en la planificación y ejecución de las obras, al igual que sus improvisaciones a nivel operativo, estas últimas derivadas de las apresuradas “inauguraciones políticas”, la formulación e implementación de sistemas de transporte público basados en autobuses de altas prestaciones (conocidos en la literatura técnica como Bus Rapid Transit –BRT-) como el MIO en Cali, Transmilenio en Bogotá y Metroplús en Medellín, entre otras principales ciudades colombianas, ha significado no solo una radical transformación de la idea que los ciudadanos teníamos del transporte público y una mejora del espacio urbano de diversas zonas de la ciudad, sino que, de paso, ha atacado el corazón mismo del negocio del servicio de transporte público tradicional: la estructura empresarial.
Este nuevo modelo, que, cabe anotar, todavía tiene mucho por mejorar, ha significado una importante evolución respecto al caótico modelo tradicional. Así, se ha consolidado una entidad gestora ligada a la administración local que asume la planificación, regulación y control de la explotación del servicio de transporte público y la distribución de su recaudo. Y, a partir de dicho esquema, se invita a participar como operadores del sistema a aquellos empresarios del sector del transporte que estén en condiciones de cumplir con los estándares de calidad establecidos.
A este sentido de mejora del transporte público es al que apunta la implementación de Sistemas Integrados de Transporte Público (SITP) en diversas ciudades colombianas, los cuales buscan un modelo de gestión integral de todo el transporte público disponible en la ciudad (que incluye al tradicional que aún sigue en operación), aplicando mejores estándares de calidad, frecuencia y racionalidad en la oferta de transporte, en términos de una optimización del sistema.
Una transformación de estas características, por supuesto, no es del agrado de los empresarios que, durante años, se han lucrado de la precarización del servicio de transporte público, la complicidad de funcionarios de la administración local que ha hecho posible su pretendida “auto-regulación” (determinación de rutas, frecuencias, tipos de vehículos y servicios, etc), la voluntad de ciertos políticos alimentados con sus votos y prestos a defender los intereses del gremio, la exigencia de reajustes del precio sin la obligatoriedad de cumplir estándares mínimos de calidad y desempeño, la explotación laboral y la evasión sistemática de cuanta responsabilidad se les trate de imputar (el pago de multas por infracciones de tránsito y el aporte a fondos para renovación de flota), entre otros vicios ampliamente conocidos por todos.
De ello dan cuenta las múltiples artimañas de todo tipo que han sido acometidas por una parte de estos empresarios, en contra de diversas iniciativas de la administración local por introducir una mejora en la prestación del servicio de transporte público. Artimañas que, como ha ocurrido recientemente en la ciudades de Bogotá y Cali, van desde pactar programas que saben que no van a cumplir (reordenamiento de rutas, reducción de oferta, renovación de flota, etc), pasando por la cínica y trillada manipulación de una supuesta deuda social que la ciudad debería tener con dichos empresarios por tantos años de servicio, hasta organizar huelgas en las que, al negarse completamente a prestar el servicio de transporte –incentivando a unos y amedrentando a otros-, llegan a paralizar amplias zonas de la ciudad, afectando a cientos de miles de ciudadanos y la actividad económica.
Los ciudadanos cada vez tomamos más conciencia de la importancia del diseño e implementación de políticas públicas que mejoren el bienestar colectivo, y, con ello, estamos potenciando un progresivo fortalecimiento de las instituciones locales que asumirán su promoción y defensa ante las presiones de los grupos que representan intereses particulares. Pero, dado que la transformación que anhelamos en nuestras ciudades no se materializará si no logramos algunos cambios en el statu quo que nos tiene enquistados en el pasado, es necesario que, a partir de ahora, cuando los ciudadanos del común, que somos la gran mayoría, reivindiquemos: “¡Por la defensa del transporte público!”, debemos precisar siempre “¡Pero del anárquico no, del optimizado!”.
Carlos Alberto González GuzmánMarzo 5, 2010
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Publicado: Diario El Tiempo
Edición Digital, Sección de Opinión. Colombia, Marzo 5 de 2010
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