Ir al contenido principal

¿Movilidad en Cali?

Es bien sabido que las historias que comienzan mal generalmente no terminan de otra manera y esto es especialmente cierto para el caso del plan de movilidad de la ciudad de Cali, que aunque en teoría existe desde el año pasado, en la práctica nadie ha visto un documento que se le parezca y mucho menos sabe en qué nos ha beneficiado.


Siguiendo la triste tradición de la administración pública de nuestra ciudad, el gobierno local fue incapaz de dar cumplimiento al artículo 2 de la ley 1083 de 2006, referente a la obligatoriedad de entregar un plan de movilidad para la ciudad a mas tardar el 31 de julio de 2008.
Fue sólo hasta que un grupo de ciudadanos interpuso una demanda de acción de cumplimiento llevada hasta el Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca, cuando el gobierno municipal se vio obligado a cumplir de manera apresurada con tal trámite, ante la posibilidad de que por el incumplimiento de la sentencia emitida, uno de sus funcionarios terminara pasando unos días mirando a través de los barrotes del “hotel” menos deseado de la ciudad.


El “Plan de Movilidad Integral del Municipio de Cali” (adoptado mediante el Decreto Municipal 0615 del 10 de noviembre de 2008) merece un lugar en el libro de los “Guinness World Records” por haber sido desarrollado en un lapso de tiempo nunca antes visto (solo un par de meses) para una ciudad de más de dos millones de habitantes, lo cual por supuesto no habla de la eficiente gestión de las dependencias municipales encargadas de ello, sino justamente de su incapacidad para llevarlo a cabo.


El tan esperado plan de movilidad para la ciudad, resultó ser un escueto documento de cuarenta y dos páginas a manera de decreto que se limita, de principio a fin, a hacer un simple y en ocasiones incoherente listado de objetivos y estrategias. Esto que para los no entendidos en el tema no parecería tan grave, sí lo es, en tanto que dicho decreto carece de un documento técnico de soporte (es decir, el plan de movilidad como tal) que contenga un amplio apartado de análisis de la situación actual, seguido de un riguroso diagnóstico, para entonces sí terminar con una serie de propuestas detalladas, que como en todos los apartados abordaría los diferentes componentes de la movilidad urbana: peatones, ciclistas, transporte público y transporte privado.
Si bien, en honor a la verdad, la mayor parte de esta irresponsabilidad recae sobre la administración anterior (periodo 2004-2007) ya que esta durante un año y medio no se dignó a redactar un solo párrafo del plan de movilidad, la actual administración, que ha sido reconocida como una de las mejores del país, no asumió el reto como era necesario, siendo evidente la premura por cumplir con un mero trámite administrativo, más que la voluntad de cumplirle a la ciudad en un tema de tal importancia, como es de la movilidad.


Un plan de movilidad debe ser entendido como el documento fundamental para configurar las estrategias de movilidad sostenible del municipio, en concordancia con las determinaciones tomadas en su Plan de Ordenamiento Territorial. Este documento no se limita solo a un componente estratégico, sino que debe concretar, con el mayor nivel de detalle posible, las actuaciones a desarrollar y, además, debería  ser sometido a los procesos de participación ciudadana que posibiliten un consenso social. Es decir, se trata de “la carta de navegación de la movilidad de la ciudad” para un período de tiempo determinado, en la cual se debe basar la toma de decisiones sobre aquellas nuevas actuaciones –no contenidas en ésta- que en materia de movilidad se deseen implementar por el gobierno de turno.


Si en la actualidad contáramos con un real plan de movilidad, sería relativamente fácil dar respuesta a cuestiones claves, como ¿Cuáles son verdaderamente los proyectos de infraestructura prioritarios para la movilidad de la ciudad? o ¿Es realmente necesario construir una autopista de peaje para atravesar la ciudad de norte a sur? Es así, como proyectos que implican grandes inversiones, como lo son las “21 Megaobras” y la “Autopista Bicentenario”, actualmente promocionados por el gobierno local, están soportados no por un plan de movilidad, como sería de esperarse, sino por  otros estudios que han alcanzado el rango de “leyenda urbana”, pues aunque todos aceptamos su existencia, hasta la fecha ningún ciudadano ha podido verlos ni mucho menos hay quien diga que los ha llegado a tocar.


Si bien la ciudad de Cali requiere medidas de choque para sacarla del atraso en la que la dejaron sumida las nefastas administraciones anteriores, y para ello los contribuyentes tendremos que hacer un esfuerzo económico adicional para apoyar la administración actual en su apuesta por relanzar la ciudad; viejas prácticas como la improvisación y el ocultismo en los proyectos relacionados con la movilidad, tendrán que ser rechazadas enérgicamente, pues resultan nocivas para la necesaria regeneración de la confianza entre la ciudadanía y el gobierno local.


De esta manera, y de la mano de una planificación seria y de un fortalecimiento de la participación ciudadana efectiva, será posible iniciar la construcción de una nueva cultura de la gestión pública en la ciudad de Cali. Cultura que, por cierto, podríamos inaugurar sentándonos por fin a discutir un verdadero plan de movilidad que nos permita pasar del mito, al decretar planes que no existen, a la realidad, al hacer frente a los retos de trazar el futuro de la ciudad.
Carlos Alberto González GuzmánOctubre 8, 2009


-----------------------------------------


Publicado: Diario El Tiempo

Edición Digital, Sección Opinión. Colombia, Octubre 8 de 2009

+ Enlace al artículo de opinión


------------------------------------------


Entradas populares de este blog

El drama del MIO en cinco actos

En el Concejo de Cali se debate el proyecto de acuerdo n° 180 con el cual se busca garantizar la financiación del Sistema Integrado de Transporte Masivo SITM-MIO. Para este se argumenta que está soportado en una propuesta técnico-económica para transformar el modelo del SITM en un Sistema Integrado Inteligente de Transporte Público SIITP, del cual los ciudadanos aún no conocen mayor detalle. Bienvenido el debate, en cualquier caso, está claro que tenemos que avanzar para evitar el peor escenario posible: volver a caer en las garras de la nociva guerra del centavo. El origen de dicho debate es que hoy nuevamente el MIO se encuentra en grave crisis financiera y en riesgo de colapsar, esto a pesar del esfuerzo que han venido haciendo diversas administraciones por ponerlo a rodar y mantenerlo a flote. Dicho proceso se puede relatar a manera de obra escénica en cinco actos. En un primer acto, la alcaldía de Apolinar Salcedo (2004-2007) tenía como tema central construir la infraestructura. A

Aviones subsidiando buses y trenes

La reforma tributaria que se acaba de aprobar trae una excelente noticia para los municipios que cuentan con aeropuertos concesionados: a partir del próximo año estos les aportarán recursos económicos para financiar las infraestructuras y servicios de transporte público colectivo o masivo y de transporte intermunicipal que conecten con sus aeropuertos. En el Valle del Cauca, en particular el grupo de ciudades que conforman el ámbito metropolitano de Cali, se ha venido trabajando en instrumentos alternativos de financiación de los sistemas de transporte público que garanticen su sostenibilidad económica en el tiempo. La amenaza de la crisis económica de estos sistemas y el acelerado incremento del transporte informal genera gran preocupación. No se quiere llegar a la situación que han vivido varios municipios del país en los que el transporte público desapareció por completo y quedaron cautivos del transporte informal abanderado por el moto-taxismo. Ya desde una década atrás la región h

¿Subsidio al transporte público para financiar el estatus quo?

El transporte público de calidad, con amplia cobertura territorial y con tarifa asequible al usuario, requiere ser subsidiado en su operación, en eso por fin estamos de acuerdo todos: nación, municipios y usuarios. Lo que no hemos podido entender es que mientras se siga permitiendo el fortalecimiento del transporte público ilegal e informal, normalizando la evasión del pago del pasaje y fomentando el crecimiento del uso de la motocicleta, seguirá en vilo el futuro de los sistemas de transporte público y, con ello, el derecho a la movilidad de los ciudadanos. En Colombia, apenas en el 2015 el gobierno nacional entendió que el subsidio a la operación del transporte público era necesario para cubrir el déficit financiero de la operación y así garantizar el servicio a los ciudadanos, dado que el recaudo por la venta de tiquetes no resulta suficiente para cubrir los costos de ofrecer el servicio. En la actualidad, ocho ciudades cuentan con sistemas integrados o estratégicos de transporte en