Dado que el Sistema Integrado de Transporte Masivo MIO ha afrontado durante casi una década la crisis económica de la operación que ha caracterizado a estos sistemas en Colombia, la Alcaldía de Cali ha decidido dar solución estructural al problema con base en tres conceptos fundamentales: el transporte público como servicio público esencial, el subsidio a la operación para garantizar la calidad del servicio al usuario y un esquema de financiación local con base en subsidios cruzados desde el transporte privado hacia el transporte público.
Cabe recordar que las Leyes 086 de 1989 y 310 de 1996 fueron las que establecieron el equivocado modelo de financiación del transporte masivo según el cual el sector público asume los costos de implementación (vías, terminales, paradas, etc.) pero niega cualquier aporte para cubrir parte de los costos de operación (buses, mantenimiento, combustible, personal, etc.). Todo esto bajo el supuesto de que dichos sistemas eran “autosostenibles”, es decir, un “negocio rentable” cuyos costos de operación se cubrían con el recaudo por venta de tiquetes.
Los años se encargaron de confirmar en Colombia algo que ya se sabía a nivel internacional, que un transporte público de altas prestaciones, con amplia cobertura y con una tarifa asequible, requiere de un esquema de subsidios. Justamente esta ha sido la razón por la cual el Sistema MIO ha venido presentando un servicio deficiente, lo cual ha generado malestar entre sus usuarios en los recientes años, malestar que se encuentra plenamente justificado.
Por fortuna, la Ley 1753 de Junio de 2015 cambió el concepto de “autosostenibilidad” por el de “sostenibilidad”, reconociendo que la operación requiere de aportes económicos del sector público, entendidos comúnmente como subsidios al transporte público. Dicho cambio implica un enorme reto que, en el inmediato plazo, deberá ser asumido por los municipios dada la crítica situación de sistemas como el MIO y, además, deberán hacerlo en el actual contexto de una importante limitación presupuestal.
Es claro que, en el corto plazo, tal esfuerzo deberá ser complementado con recursos provenientes del Gobierno Nacional, de manera que ello permita aliviar la fuerte carga presupuestal que están asumiendo los municipios. Al respecto, importantes avances ha hecho la Alcaldía de Cali en sus gestiones con el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Hacienda, la bancada de Congresistas del Valle del Cauca y la Asociación Latinoamericana de Sistemas Integrados para la Movilidad Sostenible SIMUS, con evidente receptividad por parte de estos, en torno a la construcción del nuevo Plan Nacional de Desarrollo.
Es en este contexto que la Alcaldía de Cali acaba de radicar al Concejo Municipal el Proyecto de Acuerdo 088 de 2018 “Por el cual se establecen, modifican y destinan una rentas dirigidas al financiamiento integral del Sistema Integrado de Transporte Masivo SITM-MIO”, un proyecto orientado tanto a la financiación de la sostenibilidad de la operación (subsidio a la operación) para garantizar la calidad del servicio al usuario, como a la financiación de la expansión del sistema (futura infraestructura).
Lo novedoso en Colombia es que propone un modelo de financiación que se basa 100% en rentas del sector transporte y cuyo enfoque es la internalización de las externalidades negativas generadas por el transporte privado, es decir, que los propietarios de automóviles y motos particulares, los cuales generan la mayor parte de la congestión, contaminación y accidentalidad, comiencen a retribuirle a la sociedad un valor por dichos efectos negativos a través de aportes económicos para financiar el transporte masivo.
En lo que respecta a la sostenibilidad de la operación, el proyecto de acuerdo busca financiar un subsidio de unos 150.000 millones de pesos anuales en promedio, para un Sistema MIO que implementará un rediseño operacional de mayores prestaciones para cubrir el 100% de la demanda de transporte público de la ciudad, lo cual incluye un incremento de flota pasando de los 911 buses iniciales a unos 1.340 buses.
Dicha financiación se daría con base en los siguientes instrumentos:
(i) Un paquete de fuentes nuevas y modificadas entre las cuales se incluye la implementación de la “Explotación Económica del Estacionamiento en Vía Pública”, el establecimiento de la “Contribución por Estacionamiento de Uso Público” y la modificación de la existente “Tasa por Congestión o Contaminación”.
(ii) Un paquete de fuentes reorientadas, las cuales hasta 2018 estuvieron destinadas al Plan de Saneamiento Fiscal del Municipio, que incluye “Algunos Servicios que Presta la Secretaría de Movilidad”, el “Impuesto de Circulación y Tránsito o Rodamiento a los Vehículos de Servicio Público”, la “Participación de Cali en el Impuesto sobre Vehículos Automotores” y los “Servicios de Patio de Tránsito”.
(iii) Una destinación parcial con base en los “Ingresos Corrientes de Libre Destinación”, que si bien en el primer año asume cerca del 50% de la financiación, reducirá a mínimos su participación en los años posteriores en la medida en que las otras fuentes logren los recaudos proyectados.
Por otra parte, en lo que respecta a la financiación de la expansión del Sistema MIO, el proyecto de acuerdo busca financiar unos 508.751 millones de pesos (correspondientes al 30% que deberá asumir el Municipio en el marco de un nuevo convenio de cofinanciación con la Nación), para la construcción de 38,7 Km de corredores troncales adicionales (Troncal Ligera Oriental, Troncal Ligera Ciudad de Cali y Troncal Ligera Transversal Sur), 205 Km de carriles preferenciales para buses, patio-talleres, terminales e inversión en infraestructura tecnológica de recaudo y control. Se trata de infraestructura adicional a la establecida en el proyecto inicial del Sistema MIO. Dicha financiación provendrá completamente de la “Sobretasa a la Gasolina Motor Extra y Corriente”.
Este proyecto de acuerdo, que está a punto de iniciar sus sesiones de debate, promete ser el protagonista de este año en la agenda tanto del Concejo como de la Alcaldía y, dadas sus características y enfoque, será de interés para los diferentes municipios que tienen sistemas de transporte masivo y, como es lógico, deberá gozar de un especial seguimiento por parte del Gobierno Nacional.
Cabe resaltar también que dado que está orientado a poner en práctica lineamientos internacionales en materia de movilidad sostenible y financiación del transporte público, estará en el radar de entidades como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico OCDE, de la cual Colombia es su país miembro más reciente.
Parece que en nuestro país por fin se empieza a entender la importancia del transporte público y, con ello, el carácter estructural de su modelo de financiación. Cabe destacar los valiosos pronunciamientos que en tal sentido ha hecho recientemente el Ministerio de Transporte, pero es urgente que el Gobierno Nacional adopte la política pública de financiación de los sistemas de transporte masivo y asuma compromisos concretos con la cofinanciación de la operación de estos, pues la garantía de la calidad de un servicio público esencial como este no es solo responsabilidad de las entidades territoriales.
Carlos Alberto González GuzmánNoviembre 5, 2018
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Publicado: Portal La Silla Vacía
Colombia. Noviembre 5 de 2018
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