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El "enigma" de la accidentalidad vial

El porqué de las preocupantes tasas de accidentalidad vial puede ser de gran complejidad en entornos con fuertes regulaciones en materia de tránsito, como lo es el caso de un buen número de países europeos. En Colombia, por el contrario, formular esta pregunta no solo carece de sentido, sino que cualquiera que conozca la trastienda del tema podría incluso llegar a catalogarla como ridícula. Y lo peor, es que todos sabemos muy bien por qué.


El tema de las licencias de conducción y certificados de revisión tecno-mecánica expedidos de manera fraudulenta por las entidades competentes es, sin lugar a dudas, un secreto a voces con el que casi todos parecemos estar conformes y del que pocos llegan a sentirse realmente avergonzados.
A partir de establecer la relación que existe entre tal actitud fraudulenta y las preocupantes tasas de accidentalidad vial, cabe iniciar anotando que un gran número de conductores no respeta las normas de tránsito porque, simplemente, en la mayoría de los casos ni siquiera las conoce, ya que aprende a conducir por imitación de lo que ve en las calles. Hecho que no minimiza, en absoluto, su alto grado de irresponsabilidad. Además, al estar inmersos en la nociva cultura del pícaro popular (una mal entendida versión de la ‘malicia indígena’), resulta casi imposible esperar efectividad alguna en las campañas de concienciación ciudadana, si estas no van acompañadas de fuertes regulaciones y penalizaciones en materia de disciplina viaria.


Es como si viviéramos en dos mundos. De cara a la tribuna muchos políticos locales afirman no entender las causas de la alta accidentalidad a pesar de, según dicen, ‘los grandes esfuerzos que se están adelantando para mejorar la situación’; cinismo que, sin duda alguna, causa gran indignación entre los ciudadanos. Pero a la vez, de puertas para adentro, los ciudadanos nos mostramos complacientes con la adquisición de licencias expedidas de manera fraudulenta por las entidades competentes, en una nociva complicidad con algunas escuelas de conducción y funcionarios públicos corruptos.
De la misma manera, entre los ciudadanos está ampliamente aceptado el soborno tanto a agentes de tránsito para evitar el pago de multas por infracciones, como a los responsables de las revisiones tecno-mecánicas para que se hagan los de la vista gorda con las irregularidades que puedan presentar los vehículos. Y, como si fuera poco, el enseñar a conducir a los hijos en el parque del barrio resulta aceptable para un gran número de familias.


El sector del transporte público tradicional representa un capítulo todavía más oscuro. Muchos conductores no solo acceden de manera fraudulenta a la licencia de conducción requerida, sino que su ‘informal’ formación a menudo se realiza en el mismo entorno de conducción agresiva y peligrosa propia de la denominada ‘guerra del centavo’. Además, dado que las empresas de transporte se benefician de la informalidad del sector, en ocasiones se prestan para encubrir a algunos conductores que bien podrían ser catalogados como ‘amenaza social’ dado su extenso ‘prontuario vial’ que incluye no solo múltiples accidentes de tráfico de los que han huido para evadir responsabilidades, sino también millones de pesos en multas de tránsito impagadas. Por suerte, dicho esquema de ‘informalidad’ y, en ocasiones, ilegalidad, ha venido siendo transformado gracias a la aparición de los nuevos sistemas de transporte masivo.


Algunos datos pueden resultar reveladores al respecto:
(i) El mes pasado, el presidente de la Asociación de Empresarios y Motociclistas de Cali expresaba a un periódico local su preocupación respecto a que la gran mayoría de los motociclistas de la ciudad no conoce las normas mínimas de conducción, lo cual no es trivial, pues en la ciudad circulan unas 300.000 motos. En el mismo sentido, el año pasado el Fondo de Prevención Vial alertaba respecto a que solo un 14% de los motociclistas había tomado el curso de conducción.
(ii) Recientemente, uno de los noticieros de orden nacional denunciaba que en Bogotá en lo corrido del 2011, se han impuesto 11.938 comparendos por revisión tecno-mecánica, de los cuales el 30% han sido por portar certificados vigentes expedidos por Centros de Diagnóstico Automotor (CDA) a vehículos que no cumplían las condiciones mínimas de seguridad y emisión de gases. Cabe recordar que en Colombia hay 304 CDA, de los cuales, 95 están bajo investigación por irregularidades, a 16 se les ha cancelado la licencia de funcionamiento y a 8 se las han suspendido. Así, no resulta raro que las calles sigan plagadas de automóviles en mal estado.
(iii) Por último, una encuesta efectuada por la Dirección de Tránsito y Transporte en agosto de 2010 mostraba que el 75% de los conductores había hecho su formación de conducción de manera autónoma o inducido por algún familiar.


Ahora bien, en lo que respecta a la formación de los conductores y su impacto en la accidentalidad, mientras el ente evaluador de los conocimientos teórico-prácticos de los aspirantes a la licencia de conducción sea la misma escuela de conducción, la historia será siempre la misma, dado el contexto de tolerancia a la picardía en el que nos encontramos.


Las escuelas de conducción de reconocido prestigio del país, pues es claro que también las hay honestas y cumplidoras de su función, estarán de acuerdo en que la evaluación de los conocimientos de los aspirantes debe ser realizada por una entidad externa a la escuela. Dicha entidad externa deberá estar en capacidad de diseñar y realizar unas evaluaciones efectivas, y guardar el necesario sigilo sobre estas, lo cual lleva a pensar en la posibilidad de que dicha tarea pudiera ser asumida por el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación ICFES.
Así, la escuela de conducción se limitaría a su función primordial, la cual es preparar lo suficientemente bien a sus estudiantes para que sean capaces de enfrentarse a la evaluación y asumir una conducción responsable como ciudadanos, mientras la entidad externa se encarga de la evaluación y de emitir los certificados de conocimiento y aptitud de conducción, sin los cuales no se puede solicitar la licencia de conducción ante las entidades competentes para ello. Además, dicha formación y evaluación debería ser exigida no solo a los nuevos conductores, sino a aquellos que por su irresponsabilidad hayan sido objeto de suspensión o cancelación de sus licencias de conducción.


Para finalizar, otro pseudoacertijo: Si actualmente para obtener el certificado de aptitud en conducción otorgado por una escuela de formación automovilística es necesario superar un curso de conducción de 28 horas teóricas, 15 horas prácticas y la respectiva evaluación de los conocimientos adquiridos ¿Cómo es posible que tantas personas afirmen que tal certificado lo han obtenido en tan solo 5 minutos en algunas de las entidades responsables de expedir licencias de conducción, si estás entidades no tienen nada que ver con dicha formación? Elemental. El pregonado ‘enigma’ de la accidentalidad vial en Colombia, en esencia no es más que el sofisma de distracción de otra de nuestras grandes mentiras colectivas. Una vez más, la decisión de construir un futuro mejor para nuestras ciudades, está en nuestras manos.
Carlos Alberto González GuzmánJunio 2, 2011


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Publicado: Revista Dinero

Edición Digital, Sección Opinión. Colombia. Junio 2 de 2011

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